El caso Ayotzinapa fue calificado como una “prioridad de Estado” por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se reunió con madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014. El encuentro ocurrió este jueves y tuvo como objetivo presentar los avances recientes de las investigaciones y establecer los siguientes pasos para esclarecer los hechos.
La reunión fue encabezada por la presidenta y representantes de las familias, quienes recibieron el compromiso de mantener abiertas las líneas de investigación, fortalecer las labores de búsqueda y acelerar el análisis de información relacionada con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Caso Ayotzinapa: Gobierno prepara nuevo informe
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, las familias recibirán un informe público antes del próximo 26 de septiembre, fecha en la que se cumplirán 12 años de la desaparición de los estudiantes.
Sheinbaum señaló que el documento incluirá información sobre las nuevas líneas de investigación y las detenciones realizadas en los últimos meses. El objetivo, según lo expuesto durante el encuentro, es que las familias conozcan los resultados más recientes de las diligencias antes de las movilizaciones previstas para septiembre.
La Presidencia de la República informó que la mandataria mantiene el compromiso de continuar con las acciones necesarias para avanzar hacia la verdad y la justicia. La administración federal también aseguró que mantendrá una comunicación directa y permanente con los familiares.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, participa en el seguimiento del caso y en las acciones relacionadas con la atención a las familias.
Caso Ayotzinapa: nuevas líneas de investigación
Durante la reunión se expusieron cuatro líneas prioritarias que actualmente orientan las diligencias. Entre ellas se encuentran nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores considerados relevantes para fortalecer la investigación.
Según lo informado, estas acciones han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos relacionados con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El Gobierno también informó que se intensificarán las gestiones ante autoridades de Estados Unidos para concretar extradiciones pendientes. Entre los casos mencionados se encuentra el de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala durante 2014.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también participó en el encuentro. Esta institución tiene entre sus atribuciones brindar atención y asistencia a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
Caso Ayotzinapa: familias mantienen exigencia de justicia
Durante la reunión, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos expusieron sus planteamientos sobre la información presentada por las autoridades y dieron a conocer las actividades que preparan para conmemorar el aniversario de la desaparición.
En el encuentro participaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
También estuvieron representantes de la ONU-DH México, organismo que ha acompañado el caso y ha señalado la importancia de avanzar en el acceso a la verdad y la justicia para las familias.
Participaron además representantes de organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz, quienes han acompañado a familiares de los estudiantes durante distintas etapas de la investigación.
Sheinbaum reiteró que el Gobierno mantendrá abiertas las investigaciones y continuará con las labores de búsqueda. La presidenta también adelantó en su conferencia del jueves que el informe sobre los avances será presentado antes del 26 de septiembre.
El caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los principales asuntos de derechos humanos pendientes en México y, a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, las familias mantienen la exigencia de conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.
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