Pío López Obrador promovió un amparo para reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la falta de una resolución sobre una investigación iniciada en 2023 y exigir que la autoridad determine si ejercerá o no acción penal. El recurso fue presentado ante un juzgado federal en materia penal de la Ciudad de México.
El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador señala una presunta dilación por parte del agente del Ministerio Público encargado del expediente. La carpeta de investigación está identificada con el número FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 y se encuentra bajo responsabilidad de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas.
Pío López Obrador: amparo busca una definición de la Fiscalía
El recurso fue presentado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Gabriela Sandoval Saavedra.
De acuerdo con el acuerdo publicado el 17 de septiembre en el portal del Órgano de Administración Judicial, la juzgadora determinó declinar competencia y ordenó notificar electrónicamente al promovente.
Sin embargo, el documento público no precisa si la demanda fue admitida a trámite ni si se concedió alguna medida cautelar. Tampoco detalla cuál es el origen específico de la investigación ni qué calidad tiene Pío López Obrador dentro de ella, es decir, si comparece como denunciante o como persona señalada.
La petición está enfocada en que la Fiscalía General de la República defina el curso jurídico de la carpeta y determine si existen elementos para ejercer acción penal.
Pío López Obrador: antecedentes de los “sobres amarillos”
El nombre de Pío López Obrador también está relacionado con los videos difundidos en agosto de 2020, en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero. Las grabaciones habrían sido realizadas en junio de 2015 y generaron investigaciones por posibles vínculos con actividades políticas y electorales.
En 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales informó que había determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León por presuntos delitos electorales, en cumplimiento de una resolución judicial.
Ese mismo año, Pío López Obrador entregó voluntariamente al Instituto Nacional Electoral una copia de la carpeta de investigación de la FGR, como parte de los antecedentes del caso.
No obstante, el nuevo amparo corresponde a una investigación distinta, iniciada en 2023, por lo que los antecedentes electorales no determinan por sí mismos el curso de este expediente penal.
Pío López Obrador: TEPJF cerró la vía electoral en marzo
El 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la resolución del INE que concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral contra Pío López Obrador.
El proyecto presentado por la magistrada Mónica Soto estableció que las pruebas disponibles no permitían acreditar que el dinero observado en los videos hubiera sido destinado a Morena o a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Con esa decisión quedó concluida la vía electoral relacionada con los llamados “sobres amarillos”. Sin embargo, el fallo no resuelve automáticamente la investigación penal que ahora Pío López Obrador busca que la FGR defina.
Pío López Obrador sostiene que los videos fueron alterados
Tras la resolución del TEPJF, Pío López Obrador afirmó en redes sociales que las grabaciones presentaban alteraciones técnicas. Según su versión, peritajes realizados por la FISEL identificaron edición, cortes de continuidad, desfases y subtítulos que consideró engañosos.
También sostuvo que revisiones de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia FGR no habrían encontrado elementos para acreditar una falta administrativa o delito.
Hasta el momento, el expediente público del amparo no especifica el motivo de la investigación iniciada en 2023. La resolución sobre su situación dependerá de las autoridades judiciales y ministeriales correspondientes.
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