Bukele ha transformado la vida cotidiana en El Salvador durante los últimos cuatro años mediante una estrategia de seguridad que redujo de manera drástica los homicidios, pero que también abrió un debate sobre las detenciones, los derechos humanos y el rumbo democrático del país.
En 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción después de una ola de violencia que dejó 62 homicidios en un solo día. La medida, impulsada durante el gobierno de Nayib Bukele, permitió ampliar las facultades de las autoridades de seguridad y suspendió temporalmente determinadas garantías constitucionales.
Bukele y el cambio en la seguridad de El Salvador
En barrios que durante años estuvieron marcados por la presencia del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, el panorama cambió. En la Campanera, una zona ubicada en las afueras de San Salvador, habitantes entrevistados por BBC News Brasil describieron calles donde ahora los niños pueden jugar y los negocios permanecen abiertos hasta la noche.
La estrategia de seguridad se apoyó en miles de detenciones y en la presencia de fuerzas policiales y militares. La Policía Nacional Civil de El Salvador mantiene actualmente servicios y operaciones de seguridad en distintas zonas del país.
Los resultados en materia de homicidios son uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno. De acuerdo con los datos citados en el reportaje, El Salvador registró en 2025 una tasa de 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a los 103 registrados en 2015.
Bukele y el régimen de excepción bajo cuestionamiento
El costo de esta política de seguridad también ha generado críticas. Según el reportaje, unas 90 mil personas han sido encarceladas bajo el régimen de excepción por presuntos vínculos con pandillas. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan algunos arrestos y señalan problemas relacionados con el debido proceso.
La Fiscalía General de la República de El Salvador continúa reportando procesos y condenas contra integrantes de estructuras criminales, mientras que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador mantiene la operación del sistema judicial.
Uno de los casos narrados por BBC News Brasil es el de José Alfredo Vega González, detenido en 2022 junto con su hermano. Su madre, Marta Elena González, afirmó que supo de su fallecimiento en prisión en 2025 a través de una publicación en Facebook.
La situación penitenciaria también refleja la dimensión del problema. El World Prison Brief registra para El Salvador una tasa de 1,659 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, con datos correspondientes a marzo de 2024.
Bukele y el impacto económico y social
La transformación en seguridad también ha coincidido con cambios económicos. Según el reportaje, el país registró un crecimiento económico de 3.9% en 2025, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, el crecimiento no necesariamente se ha traducido en mejores condiciones para todos. Datos del Banco Mundial sobre El Salvador señalan que la proporción de hogares por debajo de la línea nacional de pobreza pasó de 22.8% en 2019 a 27.2% en 2023.
El sector inmobiliario también ha experimentado un crecimiento, particularmente en San Salvador y las zonas costeras. Paralelamente, habitantes entrevistados señalaron problemas relacionados con el costo de vida, el empleo y la falta de oportunidades.
Bukele y el debate sobre el poder político
El modelo de seguridad convirtió a Bukele en una figura de referencia para políticos de otros países latinoamericanos. Su partido, Nuevas Ideas, mantiene una amplia presencia en la Asamblea Legislativa.
El reportaje también señala que el presidente ha concentrado poder político y que sus críticos cuestionan la independencia institucional. En 2021, legisladores alineados con su gobierno destituyeron a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y los sustituyeron por nuevos integrantes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ya mantiene información relacionada con las elecciones de 2027, mientras Bukele ha anunciado su intención de buscar un tercer mandato.
Para analistas y organizaciones críticas, la reducción de la violencia no elimina las dudas sobre las garantías individuales. Para otros salvadoreños, como la maestra Adélia Rosales, recuperar la tranquilidad cotidiana representa un cambio histórico después de años de miedo.
Así, cuatro años después del inicio del régimen de excepción, El Salvador enfrenta una contradicción central: la violencia de las pandillas disminuyó de manera extraordinaria, pero el debate sobre libertades, justicia, pobreza y concentración del poder permanece abierto.
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