La Ley KIDS fue propuesta este jueves por la Comisión Europea para restringir el acceso de menores a las redes sociales y establecer nuevas obligaciones de seguridad digital para las plataformas que utilizan niños y adolescentes en la Unión Europea.
La iniciativa plantea que los menores de 13 años no puedan acceder a redes sociales, mientras que los jóvenes de 13 y 14 años únicamente puedan utilizar cuentas supervisadas por sus padres o tutores. La propuesta todavía deberá ser analizada y negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de convertirse en legislación.
Ley KIDS: acceso gradual a las redes sociales
De acuerdo con la documentación publicada por la Comisión Europea, el proyecto establece un esquema de acceso gradual. Los menores de 13 años quedarían excluidos de las redes sociales, aunque podrían utilizar plataformas de video adaptadas para niños mediante una cuenta administrada por sus padres.
Entre los 13 y los 15 años se permitirían las llamadas “minicuentas parentales”, con funciones limitadas y un máximo de una hora diaria de uso. A partir de los 15 años, los adolescentes podrían abrir y administrar sus propias cuentas.
La propuesta también busca unificar las reglas de edad en los países de la Unión Europea, debido a que actualmente existen diferencias entre las legislaciones nacionales. La propuesta oficial del EU KIDS Act señala que el objetivo es ofrecer un marco común para proteger a los menores y evitar criterios distintos dentro del mercado digital europeo.
Ley KIDS: plataformas deberán aplicar seguridad por diseño
Uno de los principales componentes de la Ley KIDS es la obligación de que los servicios digitales sean seguros desde su diseño. Esto contempla limitar funciones que pueden fomentar el uso excesivo, como el desplazamiento infinito, las recompensas diseñadas para retener la atención y las notificaciones automáticas durante las horas de sueño.
Los perfiles de menores deberán configurarse como privados por defecto. Además, la geolocalización, el micrófono y la cámara permanecerían desactivados inicialmente, mientras que el contacto no solicitado por parte de desconocidos quedaría restringido.
Las medidas alcanzarían a redes sociales, plataformas de video, videojuegos en línea, tiendas de aplicaciones, sistemas operativos y servicios de inteligencia artificial utilizados por menores. La información fue detallada en el documento explicativo de la normativa europea de protección infantil digital.
Ley KIDS: restricciones para chatbots y videojuegos
El proyecto también contempla reglas específicas para los llamados compañeros digitales y chatbots de inteligencia artificial. Estos sistemas no podrían operar de manera que generen dependencia emocional en menores y algunas funciones, como la memoria conversacional persistente, deberían permanecer desactivadas por defecto.
En el caso de los videojuegos, la propuesta busca impedir que los menores sean expuestos a mecanismos de recompensa variable, incluidas las llamadas cajas de botín o “loot boxes”, debido a su posible relación con conductas compulsivas.
La Comisión Europea también plantea mecanismos de verificación de edad que protejan la privacidad de los usuarios. Según el documento de preguntas y respuestas del KIDS Act, las plataformas y tiendas de aplicaciones deberán comprobar la edad de quienes abran nuevas cuentas mediante herramientas diseñadas para no conservar documentos de identidad ni datos biométricos.
Ley KIDS: plataformas asumirán mayor responsabilidad
La iniciativa contempla que las grandes plataformas deban demostrar que sus servicios son apropiados para menores y cumplen con las obligaciones de seguridad. En caso de incumplimiento, las sanciones podrían alcanzar hasta 6% de la facturación anual mundial de las empresas.
La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien sostuvo que las plataformas deben demostrar que sus productos son seguros para los niños, en lugar de trasladar toda la responsabilidad a las familias.
El texto será sometido ahora al proceso legislativo europeo, por lo que sus disposiciones podrían modificarse durante las negociaciones antes de una eventual aprobación.
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