Nueva York puso en vigor este martes una ley que prohíbe a las corporaciones policiales locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tareas de aplicación de leyes migratorias civiles. La medida, conocida como “Local Cops, Local Crimes Act”, busca que los recursos policiales estatales y municipales se concentren en delitos locales.
La gobernadora Kathy Hochul anunció la entrada en vigor de la disposición y sostuvo que las policías locales no deben ser utilizadas para ejecutar labores que corresponden al gobierno federal. La legislación prohíbe los acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales autoridades locales pueden colaborar con ICE en determinadas funciones migratorias.
La norma fue aprobada como parte de un paquete de medidas de protección migratoria impulsado por la administración estatal y firmado por Hochul el 27 de mayo de 2026.
Nueva York limita acuerdos entre policías locales e ICE
La legislación establece que las agencias estatales y locales no pueden mantener acuerdos formales o informales 287(g) con ICE. También restringe el uso de instalaciones penitenciarias locales para alojar a personas detenidas por motivos relacionados con la aplicación federal de las leyes migratorias civiles.
El objetivo, de acuerdo con la Oficina de la Gobernadora de Nueva York, es evitar que agentes locales sean desviados de sus funciones principales para realizar tareas de inmigración que corresponden a las autoridades federales.
Hochul afirmó que la policía debe concentrarse en atender delitos y emergencias dentro de sus comunidades. La gobernadora también argumentó que mantener separadas las funciones policiales locales de la aplicación migratoria civil ayuda a preservar la confianza de los residentes.
La Fiscalía General de Nueva York ha respaldado la medida y creó una Oficina de Apoyo a Inmigrantes para supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Nueva York enfrenta oposición de alguaciles
La entrada en vigor de la ley ocurre en medio de una disputa judicial. Un grupo de 15 alguaciles presentó una demanda para impugnar la prohibición de los acuerdos 287(g), según informó la oficina de la fiscal general Letitia James.
Hochul y James calificaron el recurso como un gasto innecesario de recursos públicos y señalaron que los tribunales ya habían rechazado anteriormente bloquear la aplicación de la legislación. Ambas funcionarias dijeron que esperan que las agencias policiales cumplan con la norma mientras continúa la disputa legal.
La controversia involucra especialmente a algunas jurisdicciones que mantenían acuerdos con ICE. Entre ellas se encuentra el condado de Nassau, donde las autoridades locales han cuestionado las restricciones establecidas por el gobierno estatal.
En agosto, Hochul y James habían informado que 12 agencias policiales de Nueva York tenían acuerdos 287(g) vigentes y debían finalizarlos antes del 25 de agosto. Para entonces, algunas corporaciones ya habían comunicado su intención de cumplir con la legislación.
Nueva York defiende separación entre delitos y migración
La administración estatal sostiene que la separación entre las funciones locales y federales permitirá que policías y alguaciles concentren sus recursos en combatir delitos dentro de sus jurisdicciones.
La gobernadora también ha señalado que la colaboración entre autoridades locales y federales no queda completamente prohibida. La legislación permite que las corporaciones policiales continúen colaborando con agencias federales cuando se trate de investigaciones relacionadas con delitos.
Esta diferencia es relevante porque la ley se enfoca específicamente en la aplicación de las normas migratorias civiles y no en impedir investigaciones criminales conjuntas.
La medida también busca evitar que las comunidades migrantes dejen de acudir a las autoridades por temor a que una denuncia o contacto con la policía pueda derivar en acciones migratorias. La Oficina del Fiscal General ha señalado que la confianza entre residentes y cuerpos de seguridad es un elemento importante para la prevención y atención de delitos.
Nueva York mantiene disputa por la aplicación de la ley
El gobierno estatal enfrenta ahora el reto de hacer cumplir la nueva legislación mientras continúa la batalla judicial promovida por los alguaciles. La División de Servicios de Justicia Criminal forma parte de la estructura estatal encargada de coordinar información y políticas relacionadas con seguridad pública.
La administración de Hochul sostiene que la mayoría de las agencias policiales del estado ya operaban sin acuerdos 287(g), por lo que considera que la nueva norma no impedirá el trabajo cotidiano de las corporaciones.
Por su parte, los funcionarios que cuestionan la legislación consideran que las restricciones pueden dificultar la cooperación con las autoridades federales en determinadas situaciones migratorias.
El conflicto continuará en los tribunales, mientras las agencias locales deben ajustarse a las disposiciones que entraron en vigor este 25 de agosto. La resolución de las impugnaciones determinará si la prohibición se mantiene sin modificaciones o enfrenta nuevos cambios legales.
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