El Congreso de Nuevo León ha iniciado sus ya acostumbradas «mesas de análisis» para una nueva Ley de Educación, un ejercicio que para muchos parece más una pasarela política que una solución real al rezago educativo. Mientras los diputados debaten en salones climatizados, las escuelas de la periferia siguen sufriendo por falta de luz, agua y techos dignos.
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El bienestar de los alumnos se ve comprometido por un sistema que prioriza la burocracia sobre el aprendizaje real. Prometer una ley «digital y moderna» suena a burla cuando miles de niños en el estado no tienen acceso ni a lo más básico para estudiar. El orden en las prioridades legislativas parece estar, una vez más, al servicio de la imagen.
No es la primera vez que se intenta parchar la ley para justificar presupuestos. La falta de un plan de fondo para atender la salud mental y la violencia escolar demuestra que estas mesas son solo un paliativo para calmar a la opinión pública, sin tocar los intereses de los sindicatos que frenan el avance real de la educación.
La administración estatal y el Congreso suelen ponerse de acuerdo para las fotos, pero la realidad en los salones de clases cuenta otra historia de abandono. La ciudadanía exige menos discursos de «vanguardia» y más transparencia en el manejo de los recursos educativos, que rara vez llegan a quienes más los necesitan.
La verdadera reforma educativa no se hace en un escritorio, sino atendiendo las carencias del día a día. Si la nueva ley no viene acompañada de una inversión masiva en infraestructura y capacitación docente sin tintes partidistas, este ejercicio será recordado como otro trámite administrativo que dejó a la educación de Nuevo León en el mismo lugar de siempre.
Redacción/El Nuevo Orden
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