Las denuncias por violencia familiar siguen escalando en Nuevo León, demostrando que las estrategias de «seguridad» del gobierno estatal no están llegando al interior de los hogares. El incremento en las cifras oficiales es un crudo recordatorio de la vulnerabilidad en la que viven miles de mujeres y niños.
Mientras la autoridad celebra que la gente denuncie más, la realidad es que los refugios y los centros de apoyo operan al límite de su capacidad. El bienestar de las familias se ve comprometido por una burocracia que a menudo revictimiza a quienes se atreven a buscar justicia en un sistema lento y saturado.
El discurso de modernidad de Samuel García choca con la realidad de los municipios periféricos, donde la falta de servicios y la desintegración social alimentan este ciclo de agresiones. El incremento de las denuncias no es un éxito de gestión, sino el reflejo de una crisis social que el estado no ha sabido prevenir.
La administración estatal enfoca sus recursos en obras de impacto visual, descuidando el orden y la inversión necesaria en prevención del delito desde la raíz. La falta de programas de salud mental y apoyo económico directo a víctimas deja a muchas personas sin otra opción que permanecer en entornos violentos.
El aumento de la violencia familiar es una mancha en la imagen de prosperidad que se intenta vender de Nuevo León. Si no se atiende la causa estructural de la inseguridad, las estadísticas seguirán subiendo mientras la armonía social se desmorona en las colonias más necesitadas de la entidad.
Redacción/El Nuevo Orden
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