Trump amenaza fondos federales a los estados que no cumplan con una nueva interpretación jurídica sobre el reporte de personas que, según las autoridades, no cuentan con presencia legal en Estados Unidos. La medida fue anunciada por el Departamento de Justicia el 2 de septiembre de 2026 y está relacionada con los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
La disposición amplía el alcance de una obligación prevista en una ley federal de 1996 y establece que los gobiernos estatales que participan en determinados programas deben proporcionar información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre personas que el estado sabe que no están legalmente presentes en el país.
Trump amenaza fondos mediante nueva interpretación del DOJ
La medida surgió de una opinión emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que retiró una interpretación anterior emitida en 1998. Bajo aquella postura, únicamente las agencias estatales encargadas de administrar TANF o SSI tenían la obligación de proporcionar información a las autoridades migratorias.
La nueva interpretación considera que la palabra «Estado» incluye a todas las agencias que forman parte del gobierno estatal. Por ello, los gobiernos que participan en los programas quedan sujetos a las obligaciones de información establecidas en la legislación federal.
El Departamento de Seguridad Nacional será la dependencia federal que reciba la información relacionada con las personas que las autoridades estatales sepan que no tienen una presencia legal en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia sostuvo que los estados que incumplan podrían enfrentar consecuencias, incluida la pérdida de fondos de los programas involucrados. Sin embargo, la propia opinión establece que la nueva interpretación tendrá efectos hacia adelante y no permitirá recuperar recursos entregados durante el periodo en que estuvo vigente la interpretación de 1998.
Trump amenaza fondos vinculados con TANF y SSI
Uno de los programas involucrados es TANF, que proporciona subvenciones federales en bloque a los estados para apoyar a familias con bajos ingresos. La Administración para Niños y Familias señala que el programa es administrado por los estados, que cuentan con margen para establecer sus propias reglas de elegibilidad y montos de asistencia.
El segundo programa mencionado es SSI, administrado por la Administración del Seguro Social. Este esquema proporciona pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad, son ciegas o tienen 65 años o más.
De acuerdo con la Administración del Seguro Social, la elegibilidad para SSI depende de factores como los ingresos, los recursos y las condiciones personales de los solicitantes. El programa forma parte de una red de apoyos dirigida principalmente a personas en condiciones económicas vulnerables.
La nueva postura jurídica no significa que todas las personas indocumentadas tengan derecho a estos beneficios. El dictamen se refiere específicamente a las obligaciones de información de los estados que participan en los programas señalados.
Trump amenaza fondos y endurece política migratoria
El fiscal general adjunto T. Elliot Gaiser, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, argumentó que los recursos públicos destinados a personas vulnerables no deberían utilizarse de una manera que, según la administración, incentive la entrada ilegal a Estados Unidos.
La opinión del gobierno federal se fundamenta en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996, legislación que estableció distintas disposiciones relacionadas con los programas de asistencia social y las obligaciones de información.
El gobierno del presidente Donald Trump ha colocado el endurecimiento de la política migratoria entre sus principales prioridades. La Casa Blanca señala que la defensa de las fronteras constituye uno de los objetivos centrales de su administración.
Trump amenaza fondos mientras estados evalúan la medida
La nueva interpretación podría generar una disputa entre el gobierno federal y algunos estados, particularmente aquellos que cuestionen la obligación de compartir información con las autoridades migratorias.
El propio Departamento de Justicia reconoce que los estados tendrán una mayor carga administrativa para cumplir con las disposiciones. No obstante, sostiene que no se trata de una nueva obligación, sino de la aplicación de lo que considera el significado original de la legislación aprobada por el Congreso.
La medida también podría ser cuestionada ante los tribunales. Mientras los estados analizan sus nuevas obligaciones, el gobierno federal prepara la actualización de los acuerdos y procedimientos relacionados con TANF y SSI para aplicar la interpretación de manera prospectiva.
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