La reforma constitucional en Nicaragua fue aprobada este martes en primera legislatura por la Asamblea Nacional, con cambios que restringen la participación electoral de personas consideradas por el gobierno como “golpistas” o “traidores a la patria” y amplían de seis a siete años los periodos de los cargos de elección popular.
La iniciativa fue impulsada por el presidente Daniel Ortega y aprobada de manera unánime durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León. De acuerdo con la Asamblea Nacional de Nicaragua, la modificación busca fortalecer la estabilidad, seguridad y soberanía del país.
La propuesta deberá ser ratificada durante la segunda legislatura, que comenzará a principios de 2027. La Asamblea Nacional ya había adelantado que la reforma establecería nuevas restricciones para quienes sean señalados por participar en acciones consideradas contrarias a la soberanía nacional.
Reforma constitucional en Nicaragua restringe candidaturas
Uno de los principales cambios establece que quienes participen en la planificación o ejecución de un supuesto “golpe de Estado”, sean considerados “traidores a la patria” o soliciten intervención militar o bloqueos económicos podrán quedar impedidos para participar en procesos electorales.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, había explicado durante el proceso de discusión que los denominados “golpistas” no podrían ser candidatos bajo las nuevas disposiciones. El argumento oficial sostiene que estas medidas buscan impedir la injerencia extranjera y proteger la soberanía nicaragüense.
Sin embargo, la medida ha generado críticas de organismos internacionales y sectores opositores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la reforma puede restringir la competencia política y eliminar condiciones necesarias para una alternancia democrática.
La CIDH también señaló que la iniciativa forma parte de un proceso de concentración del poder en torno a la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Reforma constitucional en Nicaragua amplía los mandatos
Otro de los cambios centrales consiste en ampliar de seis a siete años el periodo de los cargos de elección popular. La modificación también contempla que los periodos de las autoridades actualmente elegidas mediante voto popular sean ajustados al nuevo esquema.
La propuesta había sido presentada por Ortega en julio y posteriormente comenzó su discusión en el órgano legislativo. La propia Presidencia de Nicaragua y la Asamblea Nacional han defendido el cambio bajo argumentos relacionados con la estabilidad política y la soberanía.
La ampliación de los periodos se produce después de una reforma constitucional previa que modificó el sistema político del país y estableció una copresidencia integrada por Ortega y Murillo.
Reforma constitucional en Nicaragua genera rechazo internacional
La aprobación de la reforma ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos internacionales sobre las condiciones democráticas de Nicaragua. La Organización de los Estados Americanos ha mantenido seguimiento a la situación política y de derechos humanos en el país.
La CIDH manifestó en agosto su preocupación por las restricciones a la participación política y por la posibilidad de que las modificaciones constitucionales profundicen la concentración del poder.
El proceso también ha llamado la atención de organismos internacionales debido al historial de persecución contra opositores y las restricciones al espacio cívico. La Organización de las Naciones Unidas ha documentado previamente preocupaciones relacionadas con la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene medidas de presión contra funcionarios nicaragüenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones relacionadas con la situación política del país.
Reforma constitucional en Nicaragua avanza hacia 2027
Con la aprobación en primera legislatura, el siguiente paso será la discusión y ratificación de la reforma en el nuevo periodo legislativo. De concretarse, las modificaciones entrarán en una nueva etapa del sistema político nicaragüense.
La oposición, buena parte de ella fuera del país, ha cuestionado que las nuevas reglas puedan utilizarse para impedir la participación de adversarios del gobierno. Organizaciones opositoras han planteado la necesidad de recuperar instituciones electorales independientes y garantizar condiciones para elecciones competitivas.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua será una de las instituciones involucradas en la aplicación de las disposiciones electorales que deriven de la reforma.
Por ahora, la modificación constitucional ya cuenta con la aprobación de la primera legislatura. La segunda votación, prevista para 2027, será determinante para confirmar los cambios al sistema electoral y los nuevos periodos de gobierno.
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