Desafuero de alcaldes de MC en Veracruz fue aprobado por el Congreso local, que retiró el fuero constitucional a los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste para permitir que la Fiscalía General del Estado continúe las investigaciones por los delitos que se les atribuyen.
La decisión fue respaldada con 40 votos a favor y ocho en contra durante dos sesiones extraordinarias celebradas a puerta cerrada, con lo que ambos ediles podrán enfrentar los procedimientos ministeriales y judiciales sin la protección constitucional que tenían por su cargo.
Congreso aprueba el desafuero de los presidentes municipales
El Congreso de Veracruz informó que el retiro del fuero no representa una declaración de culpabilidad, sino una medida que permite a las autoridades continuar las investigaciones conforme al marco legal.
Los legisladores consideraron que existían elementos suficientes para autorizar que la Fiscalía prosiga con las indagatorias relacionadas con ambos casos.
Tras la aprobación, los alcaldes podrán ser sujetos a las acciones legales que determinen las autoridades competentes.
Investigan a los dos alcaldes por distintos delitos
Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, registrada el pasado 14 de mayo.
Antes de concluir la votación, el edil abandonó el recinto legislativo, mientras unidades de la Fiscalía permanecían en el exterior. Hasta el momento no se reportó su detención.
Por otra parte, Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, enfrenta una investigación relacionada con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, caso por el que ya existen ocho personas detenidas.
En caso de concretarse la separación definitiva de ambos funcionarios, los suplentes asumirían las presidencias municipales.
Movimiento Ciudadano rechaza la decisión
Los abogados de los dos alcaldes adelantaron que analizan promover amparos ante la justicia federal para impedir una posible orden de aprehensión tras el retiro de la inmunidad procesal.
Asimismo, Movimiento Ciudadano aseguró que los desafueros responden a una persecución política impulsada por el Gobierno de Veracruz y Morena, por lo que anunció que solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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