La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó a las autoridades educativas de todo México revisar los planteles que operan bajo denominaciones como “militar”, “castrense” o “militarizada”, una medida que también alcanza a Nuevo León antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
La instrucción federal contempla una revisión de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) relacionados con instituciones que ofrecen este tipo de formación, luego de la polémica generada por la muerte de la adolescente Dafne Zapata en una academia militarizada de Tamaulipas.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ha señalado que la legislación mexicana no contempla una modalidad de educación básica militarizada y que ni la SEP ni la Secretaría de la Defensa Nacional autorizan este tipo de modelo educativo.
La dependencia federal también estableció que los planteles que sean detectados operando bajo este esquema deberán suspender actividades y comenzar los procedimientos correspondientes para su clausura.
¿Qué pasará con las escuelas militarizadas en Nuevo León?
En Nuevo León existe desde 2019 el Colegio Militarizado General Mariano Escobedo, una institución pública estatal que forma parte del sistema educativo de la entidad.
El colegio cuenta con planteles en municipios como Monterrey, San Nicolás, Montemorelos, Apodaca, García, Escobedo, Pesquería, Juárez, Linares, Galeana y Sabinas Hidalgo.
A diferencia de academias privadas que utilizan la denominación militarizada, el Colegio Militarizado General Mariano Escobedo fue creado mediante una ley estatal y cuenta con una estructura propia dentro del sistema educativo de Nuevo León. El Congreso estatal mantiene vigente la legislación que dio origen a la institución.
Por ello, la revisión ordenada por la SEP deberá determinar el alcance de las disposiciones federales sobre las distintas instituciones que utilizan conceptos de formación militarizada y cuáles cuentan con una base legal distinta.
SEP exige proteger a los estudiantes
La instrucción de Mario Delgado establece que, en los casos donde se determine el cierre de un plantel, las autoridades deberán garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios.
Entre las medidas contempladas está la entrega inmediata de documentación académica, incluyendo certificados parciales o totales, para facilitar la incorporación de los alumnos a otras escuelas.
También deberán realizarse reembolsos por pagos correspondientes a servicios que no hayan sido prestados, como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros conceptos.
El objetivo es evitar que las familias resulten afectadas por la suspensión de actividades de las instituciones que sean consideradas irregulares.
La muerte de Dafne detonó la revisión nacional
La decisión de la SEP se produce después de la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El caso provocó cuestionamientos sobre las prácticas utilizadas en algunas academias que ofrecen formación militarizada a menores y abrió investigaciones sobre posibles actos de violencia y negligencia.
Tras el caso, la SEP pidió a las autoridades estatales revisar los planteles que ofrecen este tipo de educación. Delgado sostuvo que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones de las Fuerzas Armadas y que las escuelas civiles no pueden utilizar esa modalidad como justificación para prácticas de maltrato.
La SEP sostiene que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana está basado en los derechos humanos, la igualdad y una cultura de paz, principios que considera incompatibles con métodos de disciplina que impliquen violencia.
Con la revisión nacional, Nuevo León deberá analizar las instituciones que operen bajo conceptos militarizados y determinar cuáles cumplen con el marco legal vigente antes del comienzo del nuevo ciclo escolar.
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