La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una nueva orden de aprehensión contra Evo Morales, expresidente de Bolivia, por su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio.
El exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, rechaza las acusaciones y asegura que enfrenta una persecución política impulsada por el actual gobierno de Rodrigo Paz.
La nueva orden judicial representa otro frente legal para Morales, quien permanece desde hace más de dos años en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de cientos de simpatizantes.
¿De qué acusa Bolivia a Evo Morales?
De acuerdo con la Fiscalía, Morales es investigado por seis presuntos delitos relacionados con las movilizaciones y bloqueos registrados recientemente:
- Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Terrorismo.
- Atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
- Asociación delictuosa.
- Instigación pública a delinquir.
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta.
El gobierno de Paz sostiene que Morales debe explicar cuál fue su participación en los bloqueos, particularmente porque el exmandatario había reconocido públicamente su papel dentro de las movilizaciones.
Las protestas estuvieron vinculadas con el rechazo a las medidas económicas implementadas por la administración de Paz, así como con el aumento de precios y la escasez de combustible.
Las protestas dejaron muertos y cientos de detenidos
Los bloqueos provocaron afectaciones importantes en distintas regiones de Bolivia y generaron problemas en el suministro de alimentos, combustible y medicamentos.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia señaló que las movilizaciones de mayo y junio dejaron 22 personas muertas, 88 heridas y 573 detenidas.
El reporte indicó que buena parte de las muertes ocurrió en accidentes de tránsito relacionados con los bloqueos, mientras que otras víctimas fallecieron durante enfrentamientos o cuando intentaban llegar a centros hospitalarios.
Para el gobierno boliviano, la participación y los llamados de Morales a mantener las movilizaciones justifican la investigación penal.
Morales denuncia una “guerra judicial”
El exmandatario rechaza las acusaciones y afirma que las autoridades buscan responsabilizarlo de una crisis que, según su versión, tiene origen en los problemas económicos y sociales que atraviesa Bolivia.
Morales calificó nuevamente las acciones judiciales como una “persecución política” y una “brutal guerra judicial”.
El expresidente también defendió los bloqueos como una herramienta histórica de protesta social y recordó que este tipo de movilizaciones fueron utilizadas en el pasado para enfrentar gobiernos y recuperar la democracia.
En una publicación en redes sociales, Morales sostuvo que el gobierno pretende responsabilizarlo de las protestas para desviar la atención de la crisis que vive el país.
No es la primera orden de captura contra Morales
La nueva investigación se suma a otro proceso judicial que mantiene al expresidente en una situación complicada.
En 2024, la Fiscalía boliviana emitió una primera orden de captura relacionada con una investigación por presunta trata y tráfico de personas. El caso está relacionado con una supuesta relación que Morales habría mantenido con una menor de edad durante su mandato.
El exgobernante ha negado esas acusaciones y ha señalado que el proceso forma parte de una estrategia política para sacarlo del escenario público.
El proceso relacionado con ese caso también se ha visto afectado por la ausencia de Morales en las audiencias. El expresidente permanece refugiado políticamente en el Chapare, una zona donde conserva una importante base de apoyo.
Un nuevo capítulo de la disputa política boliviana
La orden de aprehensión vuelve a colocar a Evo Morales en el centro de la crisis política de Bolivia.
Mientras la Fiscalía sostiene que debe responder por su presunta participación en las movilizaciones, Morales insiste en que las investigaciones son utilizadas para perseguirlo políticamente.
El gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, se deslinda de la decisión y sostiene que la orden fue emitida por la justicia y no por el Ejecutivo.
El enfrentamiento entre ambas posiciones mantiene abierta una nueva disputa en Bolivia, donde el futuro político de Morales vuelve a estar condicionado por los procesos judiciales que enfrenta.
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