Nicaragua enfrenta un nuevo escenario político luego de que el presidente Daniel Ortega asegurara que no habrá nuevas elecciones para permitir que la oposición dispute el poder, una declaración que profundiza el debate sobre la democracia y la concentración del poder en el país centroamericano.
El mandatario realizó el anuncio durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, celebrada en Managua, donde acusó a grupos opositores exiliados de intentar regresar al Gobierno con apoyo extranjero.
Durante su discurso, Ortega afirmó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» para que la oposición pueda recuperar el poder, al tiempo que calificó a sus adversarios como «golpistas» y «vendepatrias».
El presidente adelantó que trabajará junto con la Asamblea Nacional para impulsar nuevas leyes que impidan el regreso de organizaciones opositoras a la vida política del país. Sin embargo, no explicó el mecanismo legal que utilizaría ni detalló si la medida implicará la eliminación total del sistema electoral.
Daniel Ortega gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007. Desde 2025 comparte la Presidencia con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta tras una reforma constitucional aprobada por el oficialismo.
Esa modificación también amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y otorgó mayores facultades al Poder Ejecutivo sobre instituciones que anteriormente operaban de forma independiente, incluyendo organismos electorales, el Poder Judicial y fuerzas de seguridad.
Las elecciones generales estaban previstas originalmente para noviembre de 2026; sin embargo, tras la reforma constitucional fueron reprogramadas, en teoría, para noviembre de 2027. Hasta el momento no existe una ley que oficialice su cancelación.
Diversos organismos internacionales y gobiernos extranjeros han cuestionado las reformas impulsadas por el Ejecutivo nicaragüense, al considerar que reducen los contrapesos institucionales, restringen la participación política y fortalecen la concentración del poder.
Estados Unidos también ha desconocido la figura de la copresidencia ejercida por Rosario Murillo, al sostener que ese cargo no surgió mediante una elección directa de la ciudadanía.
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