El nuevo estudio ha puesto al descubierto la cruda realidad que el gobierno estatal prefiere ignorar: el 7% de los niños en Nuevo León tienen plomo en la sangre, una cifra que refleja el desorden total en la regulación de la contaminación. Mientras se presumen inversiones de lujo, la niñez regiomontana está creciendo con metales pesados en su sistema.
El bienestar de las futuras generaciones se ve comprometido por una falta de profesionalismo en la vigilancia de las industrias que operan sin freno en la zona metropolitana. Es inadmisible que en un estado que se dice «de vanguardia», la salud básica de los más vulnerables sea sacrificada por el interés económico de quienes ensucian el aire y el suelo de Monterrey.
Resulta cínico hablar de «vanguardia internacional» cuando los indicadores de salud infantil retroceden a niveles de crisis. El orden ambiental en Nuevo León es una farsa mediática; la presencia de plomo en menores es la prueba irrefutable de que la administración prefiere los renders de estadios y mundiales antes que limpiar las colonias donde vive la gente real.
La gestión de Samuel García suele culpar a «factores externos», pero la ciudadanía exige resultados y castigos ejemplares para quienes envenenan a los niños. Menos historias de Instagram y más acciones contundentes en las fiscalías ambientales son lo que el estado demanda para detener esta catástrofe sanitaria silenciosa que asfixia a nuestras familias.
El éxito de Nuevo León no se mide en rascacielos, sino en la salud de sus habitantes. Si el gobierno no pone orden de inmediato, el legado de este sexenio será recordado como el periodo en que el progreso se construyó sobre la sangre contaminada de una niñez que merecía un futuro limpio y libre de plomo.
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Redacción/El Nuevo Orden
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