El anuncio de una reforma judicial «adaptada» a Nuevo León levanta sospechas sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios: ¿la ciudadanía o los grupos de poder que buscan controlar los juzgados? Bajo el discurso de la «modernización», se oculta una lucha por el orden del sistema que podría comprometer la imparcialidad de los jueces.
El bienestar de los nuevoleoneses no se logra cambiando las reglas de selección de magistrados cada sexenio. La justicia en el estado sigue siendo lenta y elitista, y una reforma que no atienda la corrupción de fondo solo servirá para que el gobierno en turno ponga a sus incondicionales en puestos clave del Poder Judicial.
Es irónico hablar de «transparencia» cuando los acuerdos políticos suelen cocinarse en lo oscurito. La falta de independencia judicial es el cáncer que frena el desarrollo social de Nuevo León, y mientras no exista una vigilancia ciudadana real, cualquier cambio en la ley será simplemente un movimiento de piezas en el tablero del poder.
La administración estatal y el Congreso suelen presumir de «vanguardia», pero en materia de justicia siguen debiendo mucho. La ciudadanía exige menos discursos técnicos y más resultados: una justicia que no se venda al mejor postor y que no sirva como garrote político contra los adversarios de quienes hoy ocupan el palacio de gobierno.
El éxito de esta reforma no se medirá en boletines de prensa, sino en la confianza de la gente en sus tribunales. Si el sistema judicial de Nuevo León sigue siendo un rehén de la política, no habrá reforma que alcance para ocultar la precariedad de un estado que prefiere el control sobre la verdadera justicia social.
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