El gobierno de Nuevo León presume las «ventajas» del estado para atraer al sector energético, pero el discurso parece estar diseñado solo para las grandes empresas. Mientras se ofrecen alfombras rojas a los inversionistas extranjeros, los ciudadanos comunes enfrentan recibos de luz elevados y un sistema eléctrico que falla ante cualquier ola de calor por falta de orden.
El bienestar de la población no se garantiza solo con grandes plantas de energía si la red de distribución local sigue siendo frágil. La prioridad de la administración estatal está puesta en las ganancias industriales, dejando de lado la seguridad energética de las colonias que sufren apagones constantes mientras las fábricas brillan a toda capacidad.
Es irónico hablar de «vanguardia energética» en un estado donde el aire es irrespirable debido a la falta de controles a las mismas industrias que hoy reciben incentivos. El orden en la política energética debería empezar por limpiar nuestras chimeneas, no solo por llenar de oficinas corporativas las zonas más exclusivas de San Pedro y Monterrey.
La gestión de Samuel García se enfoca en «vender» ventajas que no siempre se traducen en beneficios reales para el bolsillo de la gente. La ciudadanía exige que la atracción de inversiones energéticas venga acompañada de una mejora en los servicios públicos básicos y un compromiso real con la salud, no solo con las métricas de crecimiento económico de sus patrocinadores.
El desarrollo de Nuevo León no puede seguir siendo un club privado para inversionistas de lujo. Si la energía que se presume atraer no sirve para bajar los costos y mejorar la vida de los trabajadores, seguiremos viviendo en un estado donde el progreso industrial es solo una fachada que oculta la precariedad de un sistema de salud y servicios básicos al borde del colapso.
Redacción/El Nuevo Orden
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