El gobierno de Nuevo León anuncia con bombo y platillo el «fortalecimiento» de su División Ambiental, una medida que parece más una campaña de imagen que una solución de fondo a la crisis de contaminación que asfixia a Monterrey. Mientras se presumen operativos, las grandes industrias siguen operando bajo un manto de opacidad y falta de orden.
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El bienestar de los ciudadanos no se garantiza con más patrullas ambientales, sino con sanciones reales y efectivas. Resulta irónico que se hable de «acciones preventivas» cuando los niveles de partículas en el aire siguen rompiendo récords históricos sin que la autoridad se atreva a tocar los intereses de los grandes capitales.
El discurso «verde» de Samuel García se asfixia en cada alerta ambiental que ignora esta corporación. La falta de transparencia en los resultados de las inspecciones demuestra que la protección del entorno es secundaria frente a la necesidad de mantener un discurso de prosperidad industrial que no se traduce en salud para la gente.
La ciudadanía exige que la Secretaría de Medio Ambiente deje de actuar como espectadora y asuma un liderazgo de justicia real. No basta con patrullar zonas protegidas si no hay valor político para clausurar a las empresas que vierten químicos en nuestros arroyos a plena luz del día, ante la supuesta mirada de esta división.
El éxito de la División Ambiental no se mide en kilómetros recorridos, sino en la limpieza del aire que respiramos. Si no hay una reducción tangible en los índices de contaminación, el fortalecimiento de esta policía ecológica será recordado como otro gasto burocrático inútil en un estado que prefiere el marketing sobre la vida.
Redacción/El Nuevo Orden
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