La falta de orden y planeación en el gobierno municipal de Monterrey quedó expuesta una vez más: el INAH y el INBAL han exigido frenar las obras en el Arco de la Independencia por carecer de permisos federales. Adrián de la Garza intentó intervenir un monumento histórico como si fuera cualquier banqueta, ignorando la ley y la historia.
El bienestar de nuestro patrimonio artístico se ve comprometido por una administración que prefiere pedir perdón que pedir permiso. No se puede hablar de «modernizar el centro» si en el proceso se atropellan los protocolos básicos de protección a un monumento que es orgullo de los regiomontanos y patrimonio de la nación.
Es inadmisible que un gobierno con tantos asesores haya «olvidado» tramitar las autorizaciones ante el INAH. Este descuido demuestra que la urgencia por presumir obra pública está por encima del respeto a nuestras raíces, dejando al Arco de la Independencia a merced de una gestión que parece actuar por impulso y no por estrategia.
La ciudadanía exige que el alcalde respete la ley y no utilice las obras viales como un distractor de los problemas reales de seguridad. El INAH ha puesto un alto necesario a una administración que parece creer que el centro histórico es su propiedad personal, recordándoles que el patrimonio tiene reglas que no se pueden saltar.
El freno a la obra es el costo de la improvisación. Si Monterrey aspira a ser una ciudad de vanguardia, debe empezar por tener un orden administrativo básico; de lo contrario, seguiremos viendo cómo el dinero público se gasta en proyectos que terminan detenidos por la propia negligencia de quienes los promueven.
Redacción/El Nuevo Orden
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