Familias de menores desaparecidos en Salinas Victoria se enfrentan a la angustia y a la lentitud del sistema de justicia en Nuevo León. Mientras el gobierno presume modernidad tecnológica, la realidad en los municipios periféricos es de zozobra e incertidumbre por la seguridad de los más pequeños.
Entre lágrimas y pancartas, los padres de los menores piden una ayuda que a veces parece llegar tarde. El bienestar de las familias nuevoleonesas se ve comprometido por la falta de una vigilancia efectiva y una prevención real en zonas de alto riesgo social en el norte del estado.
El aumento de reportes de desaparición en la entidad choca con el discurso de «paz social» de la administración estatal. La falta de orden en las estrategias de protección a la infancia deja a las comunidades vulnerables a merced de una inseguridad que no da tregua en los rincones alejados del centro.
La gestión de Samuel García suele enfocarse en anuncios mediáticos, pero los casos de Salinas Victoria exigen una respuesta de fondo, no solo publicaciones en redes. Las familias no quieren «procedimientos técnicos», quieren que sus hijos regresen a casa con vida y con garantías de justicia.
La crisis de desapariciones es una herida abierta en la imagen de prosperidad que se intenta vender de Nuevo León. Si el estado no puede garantizar la seguridad básica de sus niños, cualquier otro logro económico queda empañado por la desprotección y el dolor de los ciudadanos que hoy exigen respuestas.
Redacción/El Nuevo Orden
Acerca del autor
