Un tribunal surcoreano condenó a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol tras declararlo culpable de encabezar una insurrección derivada de la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024, decisión que desencadenó un amplio conflicto político y judicial en el país asiático.
La sentencia estableció que el decreto presidencial vulneró la autoridad legislativa y que el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional para impedir la votación que buscaba revocar la medida constituyó un elemento central del delito.
Aunque la Fiscalía solicitó la pena de muerte, contemplada en la legislación surcoreana para casos de insurrección, el tribunal resolvió imponer cadena perpetua tras evaluar circunstancias adicionales del proceso.
El Ministerio Público argumentó que el exmandatario coordinó acciones con altos funcionarios para imponer la ley marcial pese a la ausencia de condiciones constitucionales, incluyendo intentos por controlar instituciones clave y detener a actores políticos.
Yoon rechazó los cargos y defendió que su decisión buscaba alertar sobre una supuesta crisis nacional, pero la corte consideró insuficientes los argumentos y lo declaró culpable.
La resolución judicial se produjo en un contexto de fuerte presencia policial y concentraciones de simpatizantes y opositores en Seúl. Paralelamente, otros exfuncionarios del Ejecutivo recibieron condenas por su participación en la intentona, lo que evidencia el alcance institucional del caso.
La ley marcial fue anulada horas después de su anuncio por la Asamblea Nacional y dio paso a un proceso de destitución que concluyó en abril de 2025 con la ratificación del Tribunal Constitucional, marcando el final del mandato de Yoon y el inicio de una serie de procedimientos judiciales que culminan ahora con esta condena.
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