Alertas del INE ante Posibles Boicots en la Elección Judicial
En un contexto político tenso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha levantado la voz sobre la posibilidad de un boicot y manifestaciones en previsión de la próxima elección judicial que tendrá lugar el 1 de junio. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha informado que se han recibido avisos que indican planes de grupos, como la CNTE, y otros detractores de la reforma judicial para entorpecer la votación.
Ante esta situación, el INE ha tomado medidas preventivas activando mesas de seguridad y estableciendo protocolos conjuntos con fuerzas de seguridad locales y federales. El objetivo es asegurar que la jornada electoral se realice sin contratiempos y con la máxima normalidad posible, garantizando el ejercicio del voto libre y seguro.
Denuncias de Fraude y Manipulación Electoral
La situación se complica aún más con las denuncias de acusaciones de fraude en relación con la elección. Se ha informado sobre la circulación de listas o “acordeones” que contienen los nombres de los candidatos a posiciones judiciales, prácticas consideradas como intentos de influencia inadecuada en el sufragio. Hasta la fecha, se han formalizado dos denuncias que serán investigadas por la Comisión de Quejas y Denuncias. Esta investigación tiene como objetivo determinar la necesidad de prohibir la difusión de dichas listas, así como explorar las implicaciones legales de estas acciones en el proceso electoral.
Entre las denuncias, se destaca la relacionada con el gobierno de Nuevo León, que ha sido señalado por presuntas campañas de inducción al voto en favor del actual gobernador. Este tipo de intervenciones puede afectar gravemente la integridad del proceso electoral, lo que ha motivado respuestas contundentes por parte de las autoridades electorales.
Reacciones en el Ámbito Político
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha dudado en criticar a la CNTE por aliarse con sectores conservadores en un intento de boicotear la elección judicial. Sheinbaum ha calificado estas acciones como antidemocráticas y ha rechazado cualquier intento de vincular la elección con otras demandas políticas, como la derogación de la Ley del Issste de 2007.
Esta posición refleja la creciente polarización del debate en torno a las reformas judiciales y la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos electorales, en un momento donde la sociedad civil observa con atención.
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