
Un grupo de productores del campo de Aramberri critican fuertemente la administración del alcalde Martín Castillo, a quien acusan de mostrar falta de capacidad para gobernar el municipio. Según los agricultores, el alcalde y sus cercanos colaboradores no sólo desconocen los procedimientos legales, sino que también actúan de manera arbitraria e ilegal en diversos aspectos administrativos.
En el escrito, los productores denuncian una serie de irregularidades relacionadas con la conformación del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, un órgano clave para la mejora del sector agropecuario en la región. Según el mensaje, la reunión en la que se integró dicho consejo se realizó «en lo oscurito», sin convocar a los miembros que legalmente lo conforman, lo que constituye una violación a los acuerdos establecidos por ley.
Los productores también cuestionan la designación de Jorge Grimaldo como director de Desarrollo Rural. Señalan que Grimaldo, quien no es originario de Aramberri, carece de experiencia en el área jurídica y no tiene conocimiento del reglamento necesario para integrar el comité de manera correcta. La principal queja recae en el hecho de que, en lugar de nombrar a personas con experiencia en el campo, el alcalde optó por colocar a sus amigos en cargos clave, lo que evidencia, según los denunciantes, una falta de compromiso con el verdadero desarrollo rural del municipio.
Además, mencionaron que Grimaldo ha tomado decisiones sin la participación del consejo y que, incluso, se ha dado el caso de cambios arbitrarios en el comité del Cecam, un área educativa clave en el municipio.
En su denuncia, los agricultores destacan que los miembros del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable no pueden ser removidos arbitrariamente, salvo en casos excepcionales como el fallecimiento. Sin embargo, afirman que el alcalde y su administración han incumplido con esta disposición legal al reemplazar a los miembros del consejo sin una justificación adecuada, lo que podría tener implicaciones legales para la actual administración.
Uno de los nuevos miembros del consejo reveló que, en una reunión reciente, el alcalde Martín Castillo les indicó que la única condición para cubrir los gastos del consejo sería la exclusión de aquellos miembros que no estaban de acuerdo con su línea de trabajo, lo que contraviene el espíritu de la ley y el principio de transparencia.
Ante la gravedad de las acusaciones, los miembros del consejo afectados han decidido proceder con acciones legales. Según informaron, están respaldados por la ley y están llevando su caso ante las autoridades jurídicas correspondientes, con la esperanza de que se haga justicia y se respete la legalidad en la administración del municipio.
Los productores del campo concluyen su denuncia con una severa advertencia: «La administración de Martín Castillo va directo al precipicio si sigue actuando de esta manera». Para ellos, el desarrollo rural debe ser una prioridad, sin importar los intereses políticos o personales, y lamentan que el alcalde haya decidido desvirtuar este proceso en favor de sus allegados.
Este caso pone en evidencia no solo la creciente frustración de los habitantes de Aramberri con su gobierno local, sino también la importancia de una administración basada en la legalidad y la transparencia, especialmente cuando se trata de áreas tan sensibles como el desarrollo del campo.