La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó este miércoles su renuncia, junto con la de otros siete de los once ministros del organismo. En una carta dirigida al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Piña calificó esta decisión como «un acto de congruencia» en medio de las crecientes protestas por la polémica reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
«Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige»
Afirmó Piña en su misiva.
Además, la presidenta de la SCJN declinó su «candidatura para participar en elecciones ordinarias de las personas juzgadoras» que ocuparán, entre otros, los cargos de ministros en la Corte, en referencia a la elección para votación popular que plantea la reforma judicial. Fernández Noroña confirmó que, junto a Piña, también renunciaron los ministros Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar.
«Los ocho han determinado no participar en el proceso electoral»
Afirmó el presidente del Senado. Los únicos ministros que han manifestado su interés en participar son Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz, quienes están alineadas con el actual Gobierno.
En respuesta a las renuncias, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en su conferencia matutina que las cartas de renuncia reflejan el interés de los ministros por retirarse con sus pensiones. La reforma judicial, aprobada en septiembre, establece que aquellos ministros que no se postulen o no sean elegidos en 2025 perderán su derecho a un haber de retiro, a menos que renuncien antes del cierre de la convocatoria.
Este proceso electoral, que promete marcar un cambio histórico en la SCJN, se desarrolla en medio de intensos debates sobre la independencia judicial y la transparencia en los beneficios económicos para los altos funcionarios del Poder Judicial.
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