Janathan Díaz
El alcalde de García, Nuevo León, Manuel Guerra Cavazos, ha destapado un presunto caso de corrupción y mal uso de recursos públicos en la administración anterior, encabezada por Carlos Guevara.
Guerra Cavazos denunció el robo de 77 teléfonos iPhone adquiridos por el municipio y utilizados por altos funcionarios y colaboradores cercanos a la gestión pasada, quienes no devolvieron los dispositivos al concluir su mandato.
La situación salió a la luz cuando la administración actual recibió un cobro de 206 mil pesos por parte de Telcel, correspondiente a los planes de datos móviles contratados junto con los teléfonos. Al investigar el origen del cobro, se descubrió que los dispositivos no habían sido devueltos al municipio y que aún estaban activos los planes de datos en manos del personal de la administración saliente.
«Se llevaron los teléfonos a sus casas, con todo y plan de datos, y el municipio sigue pagando los costos», denunció Guerra Cavazos. El edil consideró la situación como un abuso grave de los recursos públicos, ya que los iPhones son propiedad del municipio y debían haber sido reintegrados al finalizar el periodo administrativo.
Ante estos hechos, Guerra Cavazos anunció que se emprenderán acciones legales para que los responsables rindan cuentas. «Vamos a proceder en contra de todos ellos. No están los iPhones y son propiedad de la administración municipal. ¿Dónde están? Vamos a presentar denuncias penales para esclarecer lo ocurrido», señaló.
El alcalde enfatizó que su administración está comprometida con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Además, destacó la importancia de actuar con firmeza ante estos casos para evitar que se repitan. «El robo de bienes municipales no solo afecta las finanzas del municipio, sino también la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes», concluyó Guerra Cavazos, quien subrayó que su prioridad es recuperar los equipos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
Con esta denuncia, el gobierno municipal de García busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el servicio público, a la vez que se trabaja en una revisión más exhaustiva de los recursos manejados por la administración anterior.
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