El Congreso de Guerrero aprobó una reforma que penaliza con hasta seis años de prisión las terapias de conversión, considerándolas un delito contra la orientación sexual o identidad de género de las personas.
El Pleno del Congreso llevó a cabo la modificación al Código Penal de Guerrero, con el objetivo de erradicar estas prácticas que, según argumentan, constituyen actos de tortura contra individuos con una orientación sexual diferente. Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, destacó en tribuna que esta reforma al artículo 177 del Código Penal vigente envía un mensaje claro y contundente del Poder Legislativo de Guerrero hacia la comunidad nacional.
«Estamos demostrando nuestra preocupación por el pueblo guerrerense como una legislatura que defiende los derechos humanos», señaló.
Esta reforma, propuesta por el Ejecutivo local, refleja la convicción democrática del estado en favor de la igualdad entre las personas, independientemente de sus preferencias. La tipificación de las terapias de conversión como delito garantiza el principio constitucional de no discriminación.
«Nuestra intención es proteger los derechos de todas las personas, porque creemos en la igualdad y la justicia para todas, todos y todes», enfatizó Jiménez.
Con el 7.4 por ciento de la población de Guerrero identificándose como parte de la diversidad sexual, esta reforma adquiere aún más relevancia. Se destaca que las terapias de conversión no son más que actos criminales que han causado daño físico, moral y psicológico a las personas.
«Estas terapias son una aberración pseudo científica, un mecanismo de tortura que representa violencia física y mental», subrayó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.
Se argumenta que desde 1990, la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no es una enfermedad curable, lo que respalda la necesidad de penalizar estas prácticas.
«Esta sanción es justa y razonable, y representa un paso importante hacia la igualdad y la justicia social», concluyó Jiménez.
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