El Gobernador de Nuevo León y otros funcionarios públicos en las oficinas del C4.
Samuel García ha anunciado con el acostumbrado despliegue mediático que habrá reuniones diarias de seguridad para el Mundial 2026, operando desde un nuevo y flamante edificio de Fuerza Civil. Mientras el gobernador se prepara para recibir a la FIFA en instalaciones de lujo, el ciudadano común sigue enfrentando el desorden de una inseguridad que no descansa ni espera a los juegos.
El bienestar de los regios parece ser secundario frente a la necesidad de «quedar bien» con el extranjero. Se prometen pisos de inteligencia y videovigilancia para el estadio, pero en las colonias de la periferia la falta de patrullaje y el aumento de delitos en espectáculos deportivos demuestran que el orden es solo para las zonas VIP del mundial.
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Resulta irónico que se hable de un blindaje total cuando el estado ha tenido que pedir el refuerzo de más de 4 mil militares para contener la crisis de violencia. La política de seguridad de la administración estatal parece enfocada en el marketing del 2026, descuidando la paz duradera que Nuevo León exige desde hace años y que no se soluciona solo con fotos en edificios nuevos.
La gestión de estos recursos y reuniones debe estar bajo la lupa pública. No se trata solo de vigilar el estadio; la ciudadanía exige que ese nuevo C5 sirva también para bajar los índices de robos y homicidios que asfixian al estado, y no sea solo un juguete tecnológico para impresionar a los delegados de la FIFA en junio.
El Mundial pasará en un mes, pero los problemas de Nuevo León se quedan. Si estas reuniones diarias no se traducen en una baja real de la criminalidad para todos, el edificio de Morones Prieto será recordado como otro monumento al gasto inútil de un gobierno que prefiere los reflectores internacionales sobre la seguridad diaria de sus propios habitantes.
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Redacción/El Nuevo Orden