El gobierno de Donald Trump ha reforzado su política migratoria mediante una nueva estrategia que busca limitar el acceso de migrantes indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios básicos en Estados Unidos.
La medida surge tras cuestionamientos por operativos masivos, en los que se estima un promedio de mil detenciones diarias. Datos entregados al Congreso indican que en 2025 se registraron cerca de 36 mil deportaciones mensuales, además de unos 60 mil migrantes en detención en los primeros meses del año, cifra superior a la del año anterior.
La administración sostiene que cumple sus objetivos mediante procesos de “autodeportación”, al afirmar que miles de personas han decidido abandonar el país ante las condiciones actuales. No obstante, la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas ha dificultado verificar el alcance de esta estrategia.
Un reporte de CNN señala que aproximadamente 72 mil migrantes han notificado su salida voluntaria, lo que contrasta con las cifras promovidas por el gobierno.
El asesor Stephen Miller ha sido clave en la implementación de estas medidas, al impulsar presión sobre jueces migratorios y acelerar procesos de deportación dentro del sistema.
Asimismo, se han promovido restricciones en programas sociales, vivienda, financiamiento y educación, en una estrategia que amplía el control migratorio más allá de las redadas y busca limitar la permanencia de migrantes mediante mecanismos administrativos.
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