La policía de Nuevo León detuvo a tres asaltantes por robos en carreteras, una acción que parece insuficiente ante la ola de violencia que enfrentan transportistas y viajeros diariamente. Mientras el gobierno celebra una captura, los ciudadanos siguen transitando con miedo por las vías estatales.
Los asaltantes, armados y violentos, operaban en zonas que supuestamente estaban vigiladas por el estado. El bienestar de quienes mueven la economía de Nuevo León se ve comprometido por una estrategia de seguridad que actúa tarde, cuando el daño patrimonial y psicológico ya está hecho.
El discurso de «paz social» de Samuel García se desmorona cada vez que un trailero es bajado de su unidad a punta de pistola. La detención de estos tres individuos es solo un paliativo para un problema estructural de orden y control territorial que la actual administración no ha sabido resolver.
Las autoridades municipales y estatales suelen presumir sus patrullajes temporales, pero la realidad en las carreteras rurales cuenta otra historia de abandono. La justicia debe ir más allá de la foto del arresto; debe garantizar que las rutas de Nuevo León dejen de ser tierra de nadie.
El riesgo de transitar por el estado sigue siendo alto, y una captura aislada no garantiza seguridad permanente. Si no se invierte en prevención real y combate a la impunidad, las bandas delictivas seguirán surgiendo para aprovechar la falta de presencia institucional efectiva en el camino.
Redacción/El Nuevo Orden
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