La FGR presentó su informe de marzo en Nuevo León, presumiendo 82 sentenciados como si los números fueran suficientes para calmar la inseguridad en las calles. Mientras la autoridad se enfoca en «procedimientos abreviados», el bienestar de los ciudadanos sigue bajo amenaza constante.
El reporte menciona el decomiso de apenas dos armas largas y tres cortas en todo un mes, una cifra irrisoria frente al arsenal que circula diariamente en la metrópoli. Los 375 kilos de marihuana asegurados parecen ser solo la superficie de un mercado ilícito que no se detiene.
El discurso de «compromiso con la sociedad» choca con una percepción de impunidad que las carpetas judicializadas no logran revertir. La justicia federal en el estado parece más enfocada en la estadística de escritorio que en desmantelar las estructuras criminales de fondo.
La gestión de la Fiscalía bajo el gobierno actual prioriza los resultados cuantitativos para alimentar el discurso de control. Sin embargo, los 13 mil litros de hidrocarburo recuperados son solo una gota en el océano del robo de combustible que persiste en las carreteras de Nuevo León.
La seguridad no se construye con boletines informativos, sino con orden real en las instituciones. Si la FGR sigue operando de forma reactiva, los resultados de marzo quedarán como un trámite administrativo más en un estado que exige protección, no solo datos fríos.
Redacción/El Nuevo Orden
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