Ablación continúa en Colombia como una práctica que pone en riesgo la vida de niñas indígenas y evidencia una crisis de salud pública y derechos humanos.
El problema salió nuevamente a la luz tras testimonios de mujeres emberá que denuncian que la mutilación genital se realiza sin consentimiento y en condiciones precarias, generando infecciones, dolor crónico y traumas.
La Organización Mundial de la Salud advierte que más de 300 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a esta práctica, considerada una forma de violencia de género.
En el país, la ablación se concentra en comunidades vulnerables y aisladas, donde el acceso a servicios médicos es limitado y las tradiciones continúan influyendo en su permanencia.
Especialistas señalan que muchas muertes de recién nacidas podrían estar relacionadas con complicaciones derivadas de esta práctica, aunque no siempre se registran oficialmente.
El debate legislativo actual busca crear un marco legal para prevenir la mutilación genital, enfocándose en la educación comunitaria y el respeto cultural, sin dejar de proteger los derechos fundamentales.
Organizaciones sociales destacan que romper el ciclo requiere diálogo, información y mayor presencia institucional en las regiones afectadas.
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