Tras años de omisiones, la Fiscalía de Nuevo León finalmente citó a José Aurelio Lobatón, dueño de Proyectos 9, acusado de estafar a decenas de familias. El empresario, sin embargo, ya se encuentra ilocalizable, dejando en evidencia la lentitud del sistema de justicia estatal.
Son 27 las carpetas que pesan sobre la desarrolladora por vender «proyectos fantasma» tanto en Nuevo León como en Quintana Roo. Mientras Lobatón se esconde de sus acreedores, las autoridades apenas comienzan a solicitar audiencias por fraudes que suman decenas de millones de pesos.
Los afectados denuncian que Proyectos 9 operó con engaños sistemáticos, cobrando enganches millonarios por edificios que nunca se construyeron. Este caso resalta la falta de supervisión del gobierno estatal sobre las desarrolladoras que lucran con el patrimonio de los regios.
El Fiscal Javier Flores recibió a una comitiva de víctimas bajo presión de protestas, pero el bienestar de los defraudados sigue en el aire mientras no existan órdenes de aprehensión. La justicia en Nuevo León parece actuar solo cuando el escándalo mediático es insostenible.
La impunidad en el sector inmobiliario es un síntoma de una administración que prioriza la llegada de capitales sobre la seguridad de los inversionistas locales. El caso Proyectos 9 es el reflejo de un estado donde el desarrollo urbano crece sin orden ni protección real para el ciudadano común.
Redacción/El Nuevo Orden
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