El asesinato del activista Roberto Chávez vuelve a evidenciar el nivel de riesgo al que se enfrentan quienes denuncian delitos ambientales en México, particularmente en regiones afectadas por la tala ilegal.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Zangarro, en Michoacán, donde el activista fue atacado con arma de fuego mientras caminaba acompañado de su familia. De acuerdo con versiones preliminares, recibió impactos en la cabeza que le provocaron la muerte en el lugar.
El crimen se registró en un momento clave, ya que Chávez se encontraba en proceso de formalizar una denuncia ante autoridades estatales contra presuntos responsables de la explotación ilegal de recursos forestales.
Integrante del Comité de Defensa Ambiental local, el activista participaba en labores de documentación sobre la presencia de grupos armados y la degradación de los bosques en la zona serrana.
Diversos colectivos han exigido una investigación exhaustiva, incluyendo posibles vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos. Entre los señalamientos destaca el nombre del alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, a quien acusan de presunta omisión o complicidad.
En semanas recientes, autoridades estatales detuvieron a presuntos integrantes del Cártel de Los Sierra, grupo señalado por amenazas y agresiones contra defensores del medio ambiente.
El asesinato de Chávez se suma a una serie de ataques contra activistas, recordando casos como el de Homero Gómez, lo que refuerza la preocupación por la seguridad de quienes buscan proteger los ecosistemas.
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