Una amenaza de explosivos paralizó las labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obligando a 150 personas a abandonar el edificio entre la incertidumbre. Este suceso pone en evidencia la facilidad con la que se puede vulnerar la operatividad de las instituciones en Nuevo León.
Aunque Protección Civil descartó la presencia de explosivos, la movilización dejó al descubierto la tensión que se vive en el primer cuadro de Monterrey. La reacción de las autoridades se limitó a la búsqueda del artefacto, sin que hasta ahora se tenga rastro del responsable de la llamada.
Este tipo de incidentes, que el gobierno suele minimizar como «falsas alarmas», representan una pérdida de tiempo y recursos públicos en un estado donde la inseguridad real sigue al alza. La falta de rastreo efectivo de llamadas de extorsión y broma fomenta la repetición de estas crisis.
Mientras el gobierno de Samuel García se enfoca en la imagen pública, las instituciones de justicia y derechos humanos sufren interrupciones que afectan directamente a los ciudadanos que buscan protección. La seguridad en los edificios gubernamentales sigue siendo un reto pendiente de esta administración.
El bienestar de los trabajadores y usuarios de la CEDHNL se vio comprometido por la zozobra de un posible atentado. El restablecimiento de las actividades no borra la sensación de vulnerabilidad en una entidad que parece rebasada por la delincuencia y las amenazas constantes.
Redacción/El Nuevo Orden
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