El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, dio a conocer una nueva propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones por feminicidio y establecer un marco uniforme de actuación en todo México.
La iniciativa, desarrollada por la fiscal general Ernestina Godoy, plantea penas de hasta 70 años de cárcel, además de medidas adicionales como la pérdida de la patria potestad para los responsables.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de inicio como feminicidio, con el objetivo de evitar omisiones o clasificaciones erróneas en las carpetas de investigación.
El documento establece criterios claros para identificar razones de género, entre ellas la existencia de violencia previa, agresiones sexuales o conductas motivadas por discriminación o relaciones de poder.
Asimismo, se incluyen agravantes en situaciones donde la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o con discapacidad, así como en casos relacionados con periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.
Las autoridades destacaron que este modelo busca replicar a nivel nacional los avances obtenidos en la capital del país, donde la implementación de protocolos especializados permitió mejorar la atención a víctimas y reducir la impunidad.
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