La decisión del gobierno de Costa Rica de cerrar su embajada en Cuba y dar por terminadas las relaciones diplomáticas con la isla marca un nuevo episodio de tensión en el escenario político regional.
El presidente Rodrigo Chaves justificó la medida al señalar que su país no reconoce la legitimidad del gobierno cubano, argumentando preocupaciones relacionadas con derechos humanos y condiciones de vida en la isla.
La decisión contempla además la salida del personal diplomático cubano de territorio costarricense, aunque se permitirá la continuidad de funciones consulares para atender a la comunidad migrante.
El canciller Arnoldo André Tinoco sostuvo que existe una preocupación sostenida por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores en Cuba.
En respuesta, autoridades cubanas calificaron la medida como “arbitraria” y denunciaron que se trata de una acción alineada con la estrategia de presión impulsada por Donald Trump para aislar a la isla.
El escenario se produce en un contexto regional donde algunos países han adoptado decisiones similares, como Ecuador, que recientemente expulsó al embajador cubano, en medio de un reacomodo de alianzas políticas en América Latina.