Tras el receso por Semana Santa, el Congreso de Nuevo León retomó sus actividades con una agenda marcada por pendientes acumulados y negociaciones políticas aún sin resolverse.
Entre los asuntos prioritarios se encuentran los temas presupuestales, cuyo avance depende de acuerdos entre el Gobierno estatal y las distintas fuerzas políticas. La falta de consensos ha retrasado decisiones relevantes para la operación financiera del estado.
Otro punto central es la designación del tesorero estatal, proceso que continúa sin definirse. Actualmente, el cargo permanece bajo un encargado de despacho, situación que ha generado críticas por parte de legisladores de oposición.
En el ámbito legislativo, también se retomará la discusión de la reforma electoral, que incluye propuestas para fortalecer la paridad de género mediante mecanismos de alternancia en candidaturas y mayor representación femenina.
Además, el Congreso deberá cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena armonizar la legislación estatal en materia de transparencia, tras detectar una omisión por parte del Legislativo local.
El rezago en comisiones es otro de los retos. Tan solo en la Comisión de Medio Ambiente se acumulan más de 100 expedientes pendientes, lo que refleja la carga de trabajo que enfrenta el Congreso.
Aunque continúan presentándose iniciativas y posicionamientos en el Pleno, varios temas de fondo permanecen sin dictaminar, lo que mantiene en pausa reformas importantes para la entidad.