En un nuevo episodio de confrontación, Ulises Carlín, encargado de la Tesorería de Nuevo León, negó que el gobierno estatal deba recursos a los municipios. El funcionario descargó la responsabilidad de la parálisis financiera en los propios alcaldes, alegando fallas administrativas.
Carlín utilizó el argumento de la «falta de facturas» para justificar el freno en la entrega de fondos que afecta la operatividad de diversas localidades. Esta postura ignora las denuncias de alcaldes que señalan un estrangulamiento presupuestal sistemático por parte del Estado.
La falta de un presupuesto aprobado para 2026 sigue generando incertidumbre y tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Mientras el Estado presume «finanzas sanas», la realidad en las calles muestra obras detenidas y servicios municipales bajo presión.
A pesar de los señalamientos, el funcionario estatal defendió la legalidad de su cargo y la solidez de su gestión. Sin embargo, la ausencia de un nombramiento formal y la falta de transparencia en la dispersión de fondos continúan siendo cuestionadas por la oposición.
La negativa de la Tesorería a reconocer los adeudos profundiza la brecha política en el estado. El bienestar de los ciudadanos queda supeditado a una disputa técnica y política que impide el desarrollo de infraestructura básica en los municipios.
Redacción/El Nuevo Orden
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