La reforma que elimina las llamadas “pensiones doradas” quedó oficialmente incorporada a la Constitución mexicana, luego de ser aprobada por 20 congresos estatales y validada a nivel federal.
El cambio al artículo 127 establece que ningún exfuncionario podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario del presidente o presidenta en turno, fijando un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales.
La disposición aplicará a exservidores públicos de organismos descentralizados, empresas del Estado y banca de desarrollo, incluyendo instituciones como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Asimismo, la reforma obliga a ajustar las pensiones actuales que superen el nuevo límite, lo que representa un cambio significativo en el esquema de jubilaciones del sector público.
Según el Senado de México, la iniciativa tiene como objetivo reducir privilegios y optimizar el uso de los recursos públicos.
En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma al señalar que responde a una política de austeridad y justicia social.
Se proyecta que la medida permitirá un ahorro anual de hasta 5 mil millones de pesos para el erario.
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