La denuncia de Petróleos Mexicanos contra una de sus empleadas tras una fiesta de alto costo en Tabasco pone bajo revisión los controles patrimoniales en el sector público.
El evento, valuado en cerca de 40 millones de pesos, contrastó con el nivel de ingresos reportados por la trabajadora.
La investigación se centrará en posibles omisiones en su declaración patrimonial, donde previamente se habían reportado bienes como casas, terrenos y un vehículo de lujo.
El caso también ha generado cuestionamientos por posibles conflictos de interés, debido a vínculos familiares con contratistas del sector energético.
El reto institucional será garantizar transparencia y sancionar irregularidades en caso de confirmarse.
Redacción/En Nuevo Orden
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