El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso por presuntos delitos relacionados con el contrato de la empresa Next Energy, proyecto que no se concretó.
Las autoridades estatales lo acusan de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de funciones, derivado de un acuerdo que contemplaba pagos millonarios por la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
Según la Fiscalía, el contrato incluía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante tres décadas, así como un anticipo de mil 300 millones de pesos.
Tras la resolución judicial, Bonilla afirmó que el resultado era previsible y emitió declaraciones en las que hizo referencia a la actual administración estatal.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila respondió que el proceso no tiene fines políticos y subrayó que se trata de una investigación orientada a salvaguardar el uso de recursos públicos.
El exmandatario continuará su proceso en libertad, sujeto a una medida cautelar económica.