La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este viernes ser «autoritaria», en respuesta a las denuncias de la oposición tras la aprobación en el Senado de una controvertida iniciativa que limita la capacidad del Poder Judicial para invalidar y otorgar amparos contra sus reformas a la Constitución.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum acusó al empresario Claudio X. González, uno de los promotores de la alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), de estar detrás de lo que calificó como una «campaña» en su contra.
“Ahora quiere comandar esta campaña de: ‘la presidenta es una autoritaria’. No. ¿Qué estamos haciendo y por qué están tan molestos? Aprobando las reformas que planteó el pueblo de México».
La controversia se intensificó después de que el Senado aprobara el viernes modificaciones a los artículos 105 y 107 de la Constitución, que impiden la procedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos relacionados con las reformas. Durante la sesión, senadores del PRI y del PAN mostraron carteles con el lema ‘¡No a la dictadura!’, acusando a Sheinbaum de intentar establecer un régimen autoritario en el país.
“¿Autoritarismo de dónde, si se pueden manifestar libremente? Están en todos los medios de comunicación hablando… Si se hace un balance de los que hablan a favor del Poder Judicial y los que hablan en contra, si se hace un balance de los que dicen ‘presidenta autoritaria’ y los que dicen ‘no’»
La iniciativa, que aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, surge tras la decisión de la Suprema Corte de analizar las controversias y suspensiones emitidas por jueces contra la reforma al Poder Judicial, promulgada el 15 de septiembre, que establece elecciones populares para todos los jueces del país a partir de 2025.
Sheinbaum y su bloque en el Congreso han desestimado las órdenes judiciales en contra de la reforma, incluyendo una de una jueza que la semana pasada ordenó su eliminación del Diario Oficial de la Federación (DOF), advirtiendo que, de no cumplir, la presidenta podría enfrentar una pena de tres a nueve años de prisión y la destitución.
La jefa del Ejecutivo defendió que la disposición de la iniciativa para proteger sus reformas constitucionales ya estaba contemplada en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
“Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución. Ahora viene una andanada, nada más vean desde los dirigentes del bloque conservador y medios de comunicación: ‘la presidenta es una autoritaria’, se acabó la democracia en México”
Acerca del autor
