Este viernes, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto de la nueva ‘Ley Paola Buenrostro’, que establece penas de hasta 70 años de prisión para quienes asesinen a una persona trans por razones de identidad o expresión de género. Esta ley convierte a la Ciudad de México en la segunda entidad federativa del país en promulgar esta legislación, después de Nayarit, que lo hizo el 1 de marzo de este año.
El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, explicó que la ley, aprobada en el Congreso local el 18 de julio, introduce el delito de transfeminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México. Las penas establecidas van de 35 a 70 años de prisión, con la posibilidad de aumentar la sanción en un tercio adicional bajo ciertas circunstancias. Estas circunstancias incluyen la presencia de señales de saña, la comisión del delito en el contexto de trabajo sexual, la participación de múltiples agresores, o la presencia de familiares de la víctima. También se consideran agravantes el ser menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor, en situación de calle o haber recibido amenazas relacionadas con la identidad o expresión de género, ya sea presencial o virtualmente.
El nuevo tipo penal establece que
«comete delito de transfemicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género»
El diputado Temístocles Villanueva, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien presentó la iniciativa en 2021, celebró la reforma y la atribuyó a las activistas trans de la Ciudad de México. Villanueva destacó que, aunque se ha avanzado, aún queda mucho por hacer en la lucha por los derechos de las personas trans.
La activista Natalia Lane, sobreviviente de transfeminicidio, hizo un llamado a que la justicia no solo castigue a los agresores, sino que también repare, sane y apoye a las víctimas y sobrevivientes. Lane criticó los esfuerzos insuficientes de la Ciudad de México para garantizar reparación y no repetición para las personas trans.
En ese contexto, Kenya Cuevas exhortó al jefe de Gobierno a poner atención en la Comisión de Atención a Víctimas, alegando que el comisionado actual revictimiza y abandona a las víctimas.
La ley lleva el nombre de Paola Buenrostro, una trabajadora sexual transgénero asesinada en 2016 por Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien confesó haberla matado tras identificarla como mujer trans. La Ciudad de México ha enfrentado una creciente ola de violencia contra mujeres trans en 2024, con al menos diez asesinatos reportados desde el inicio del año, intensificando la presión para la aprobación de una ley que facilite la judicialización adecuada de estos casos.
De acuerdo con la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida, el 65 por ciento de las 66 víctimas de crímenes de odio contra personas LGBTI en el país el año pasado eran mujeres trans, sumando un total de 43 casos.
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